El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado ha marcado un hito en la historia mundial y ha sido aceptado y ratificado por prácticamente todos los países del mundo.

Al cumplirse el 20° Aniversario de esta Convención, las organizaciones que forman parte del Capítulo Latinoamericano del Movimiento Mundial en favor de la Infancia se han unido para impulsar un proceso profundo de análisis y debate sobre los avances y desafíos en la implementación de esta normativa en América Latina. Durante este proceso, los miembros han determinado que es necesario realizar mayores esfuerzos en relación con la inversión así como en el cumplimiento de los diferentes acuerdos, principalmente en cuanto a su implementación en la vida diaria de los niños, niñas y adolescentes, sus familias y comunidades. El estudio servirá de base para definir la agenda y las prioridades de la región y fortalecer el trabajo articulado de las coaliciones y redes nacionales para la incidencia política en favor de la infancia.

Diferentes amenazas se ciernen sobre la niñez y juventud, tales como el trabajo infantil, la trata de personas menores de edad, la violencia sexual y el abuso, así como la falta de acceso a la educación, salud, y discriminación por razones sociales, económicas, género y origen étnico. Para dar respuesta a estas situaciones, la propuesta es formular políticas públicas enfocadas en los derechos de los niños, niñas y adolescentes con el fin de disminuir las causas de tipo económico, social y cultural que impactan negativamente en la niñez y adolescencia de los países de la región.

Según Nils Kastberg, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, es necesario lograr una mejor coordinación entre las escuelas, los servicios de salud, los sistemas de justicia, la policía y los servicios fronterizos, con el fin de erradicar la explotación sexual y el abuso.

En el 20° Aniversario de la Convención, el Movimiento Mundial en favor de la Infancia llama a todos los estados signatarios a aumentar la transparencia en el uso de los recursos así como a implementar de manera sostenida la rendición pública de cuentas en la asignación y la utilización de éstos, a comprometerse a mantener y aumentar la inversión centrada en la niñez, y a reformar los sistemas judicial y penal para proteger a la niñez, adolescencia y juventud.

El movimiento también pide a todas las familias, comunidades, a la sociedad civil, a los Estados y a los organismos internacionales que trabajen para asegurar y garantizar espacios de participación legítima a los niños, niñas, y adolescentes para que éstos luchen por sus derechos y busquen solución a los problemas que les afectan. Esto logrará una transformación del presente, así como del futuro de nuestro continente.